El Observatorio de Derechos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ha detectado casos de posible lesión de derechos de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares durante la pandemia del coronavirus, relacionados con la limitación o prohibición de movimiento y salidas de algunas personas, sin existir razón legal o motivos de salud pública.
La detección de estos casos ha motivado la recopilación de datos de las entidades para la elaboración de un informe, así como la redacción de un posicionamiento para denunciar dichas situaciones y exigir medidas al respecto.
En este comunicado se denuncia un trato discriminatorio hacia algunas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ya que, «en distintos centros residenciales en los que viven algunas de estas personas se han establecido prohibiciones de movimiento que han supuesto claras diferencias con las limitaciones que afectan a la población en general», aseguran. Asimismo, recalcan que tener discapacidad intelectual no implica ser población de riesgo, un mayor foco de propagación, ni estar más expuestas al contagio.
Además, ponen el acento en las personas cuya capacidad ha sido modificada jurídicamente, indicando que esta situación, tal y como expone la Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad, no puede motivar «la restricción de derechos personales, sino que, en todo caso, la resolución judicial debiera indicar las áreas en las que la persona necesita apoyos y proporcionárselos», explican.
Por último, y tras reconocer el esfuerzo de los recursos y los equipos profesionales, requieren «de los titulares de las residencias y centros de atención a personas con discapacidad que armonicen el derecho a la salud de las personas a las que atienden, con el no menos importante derecho a la libertad, a la relación personal y a la cercanía con otras personas, sin imponer restricciones a estos derechos básicos» aseveran.
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