La consejería de Justicia de la Generalitat presentará, en el mes de febrero, una enmienda al Parlamento para reformar el Código Civil de Cataluña y conseguir que los jueces se pronuncien expresamente sobre la facultad de ejercer el derecho a voto en cada caso de incapacitación que dictaminen. En la actualidad, hay 4.000 personas en Cataluña, según el Síndic de Greuges, que han quedado excluidas del proceso electoral por incapacitación judicial.
Con motivo de la presentación de esta enmienda, Marta F., Emilio P. y Carmen P., personas a las que apoya Som – Fundació -entidad adherida a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)- acompañados de Antonio Manuel Ferrer, responsable del área jurídica de la entidad, han explicado su testimonio a varios medios de comunicación.
Marta F. explicó al diario Ara que había votado en todas elecciones pero desde el 2012 no ha podido volver a votar, a raíz de la sentencia de incapacitación y a ella le gustaría “cambiar las cosas” con su voto. En la actualidad, desde la fundación han iniciado los trámites para conseguir recuperar su derecho a sufragio.
En esta misma situación se encuentra Emili P. que indicó a la periodista de BTV que “hace cinco años que no puede ejercer su derecho a voto” y reclama que “las personas con discapacidad también tenemos derecho a votar”.
Carme P. explicó a la periodista del programa Herrera en la Cope el tipo de preguntas que le hicieron en el Juzgado para recuperar su derecho a sufragio. Además, comentó su satisfacción de poder votar para participar en la vida política y “sentirse como una ciudadana más”.
Según Antonio Manuel Ferrer, responsable del área jurídica de la fundación, “una buena reforma sería modificar la misma ley electoral al Congreso para instar a mantener el derecho a sufragio” y añade que “el hecho de que las personas con la capacidad modificada tengan que justificar por qué tienen que mantener el derecho de voto ya implica una discriminación respecto al resto de ciudadanos”.
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