Home > Derechos > Las demandas de las personas apoyadas por las entidades de la AEFT deben de convertirse “en agenda política y en estrategias de cambio ambiciosas” según Luis Cayo, presidente del CERMI

ENTREVISTA

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)


PREGUNTA- El pasado mes de octubre el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó en un encuentro con Servimedia, Plena inclusión y la AEFT que “esta va a ser la legislatura de los derechos de la discapacidad”. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

RESPUESTA- Estamos en condiciones de aquí sea. Por parte de la sociedad civil, de nuestro movimiento social, no vamos a ahorrar esfuerzos en este sentido, pero solo se logrará si hay determinación política, voluntad indesmayable por parte de los poderes públicos concernidos. Y en verdad, muchas veces, estos nos parecen aletargados, hibernados respecto de una agenda política y legislativa de la discapacidad robusta y vigorosa en clave de derechos humanos.

Mi confianza está puesta en la discapacidad organizada, lograremos sino lo que nos propongamos, aquello que estemos en disposición de pelear; no en los gobiernos, que suelen quedarse en meros y fáciles titulares.

P- En los últimos años se han obtenido algunos logros para las personas con discapacidad, especialmente aquellas que, como las apoyadas por la red de la AEFT, cuentan con una incapacitación judicial. Estos son, por ejemplo, el reconocimiento de su derecho a voto, la penalización de las esterilizaciones forzadas o el proyecto de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. ¿Qué papel ha tenido el movimiento social de las personas con discapacidad en la consecución de estos derechos?

R- Pidiendo disculpas por si puede parecer inmodestia, todo. Hemos sido, el CERMI, acompañado por sus organizaciones miembro, protagonistas de todos esos avances. Desde la ideación, la redacción de los textos, la estrategia política de incidencia, de persuasión y adhesión, de generar consensos, todo está en el haber del movimiento CERMI.

El Gobierno, el Legislador, no han podido decir que no o rehusar unas demandas cívicas que los superaban. Es una enseñanza muy productiva y hasta aleccionadora; si tomamos la iniciativa, si mantenemos una tensión propositiva, tan dispuesta a exigir como a cooperar en el despliegue de las soluciones, no esperando pasivamente que hagan otros, que no van a hacer nada, sino liderando los procesos de cambio, el espacio de derechos de las personas con discapacidad se verá ensanchado, necesariamente.

P- CERMI publica cada año un informe sobre Derechos Humanos y discapacidad, con relación al cumplimiento por España de lo exigido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los retos que se deben abordar para 2021 y quién debería asumirlos? 

R- Nuestra agenda política tiene la virtualidad de que no mengua jamás; frente a algo que se encauza o se solventa, afloran diez cuestiones más que requieren atención y respuesta, y todas apremiantes.

En el plano de los derechos humanos, el primordial, nos quedan asuntos como la derogación de los internamientos forzosos por razón de discapacidad (“trastorno psíquico”, dice la Ley vigente) y dar inicio a una estrategia ambiciosa de desinstitucionalización, que llevará tiempo pero que no puede demorarse más su comienzo.

P- Según un estudio sobre la situación de la tutela en España realizado por la AEFT, se evidencia que las personas que son apoyadas por las Fundaciones Tutelares tienen una situación compleja, con datos como que el 47 % se encuentra bajo el umbral de la pobreza, que un porcentaje alto de personas viven en recursos institucionalizados (debido a la falta de recursos económicos y de escasez de otro tipo de servicios) o que muy pocas personas tienen acceso a empleo ordinario y un 15 % no tiene ninguna ocupación. Esta realidad, unida a la falta de una red familiar resulta en contextos de mayor discriminación, invisibilización y falta de acceso a entornos más inclusivos. ¿Cómo podrían actuar organizaciones como el CERMI y la AEFT para revertir estas situaciones y que las necesidades de un colectivo tan invisibilizado pase a las agendas políticas y sociales?

R- La AEFT pertenece por derecho propio al movimiento CERMI, a través de esa gran organización que es Plena inclusión. Todos los datos que señala respecto de las personas apoyadas y acompañadas por las entidades de la AEFT son lacerantes, nos hieren en lo más vivo. Forman parte del núcleo duro de la exclusión de las personas con discapacidad, con agregación exponencial de varios factores de discriminación.

La AEFT, Plena inclusión y CERMI hemos de convertir en agenda política y en estrategias de cambio ambiciosas todas esas demandas desatendidas, esos déficits cívicos acumulados. Desencadenemos ese proceso y se dispararán espirales de transformación.

P- Los servicios de apoyo a la capacidad jurídica dependen de cada Comunidad Autónoma y no todas lo contemplan como un derecho subjetivo, lo que crea desigualdades en función del lugar en el que viva la persona con discapacidad que precisa de estos apoyos. En este sentido, ¿cómo podría eliminarse esta situación de inseguridad para las personas apoyadas? ¿Qué podría hacer el CERMI para contribuir a ello?

R- Con presión, con tensión propositiva y con audacia productiva; las Administraciones sociales territoriales están ancladas en visiones de la discapacidad propias de épocas superadas. Gestionan modelos hoy sin vigencia. Hemos de forzarlas a que asuman con convicción el enfoque de derechos humanos; son responsables de la provisión de apoyos y de una gestión eficiente y eficaz de los mismos. El tercer sector de la discapacidad es su mejor aliado para que eso termine sucediendo, ¿a qué esperan?

P- Para finalizar, acaba de ser reelegido como presidente del CERMI ¿Cuáles cree que son los principales retos que debe asumir la organización y cuál el papel que deben cumplir entidades como la AEFT y las Fundaciones que la componen?

R- Sin atreverme a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer, que sería ineducado y arrogante, me parece que la AEFT y sus entidades están asistiendo a una coyuntura histórica, a un cambio radical que se da una vez en cuatro o cinco décadas. Aprovéchenlo. Convertirse en redes y resortes de apoyos y acompañamiento a las personas con discapacidad para que ejerzan en plenitud su igual capacidad jurídica, es un proyecto más que sugestivo, apasionante y socialmente benéfico. Llevar a la práctica e incluso ir más allá del cambio de modelo legal en ciernes. Es de lo más interesante y remunerador que podemos hallar en la esfera de la discapacidad en estos momentos.

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