Home > Reforma > La AEFT y Plena inclusión responden a las preguntas sobre la reforma de la legislación civil sobre discapacidad

Durante el mes de junio, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión congregaron a personas expertas de los diferentes ámbitos (entidades, legisladores, operadores jurídicos, familias y personas con discapacidad) para abordar la reforma legislativa que, tras ser aprobada por el Congreso de los Diputados entrará en vigor a partir del 3 de septiembre de 2021 y supone el cambio de 8 leyes civiles y procesales, entre las que se encuentra el propio Código Civil.

Los seminarios, a los que se inscribieron más de 1.500 personas, tuvieron como objetivo poner sobre la mesa los principales cambios que trae la norma y responder a las dudas de quienes asistieron, así como de las personas que las hicieron llegar a través de los cuestionarios habilitados. Estas preguntas, así como otras claves sobre la reforma, han sido recogidas por la AEFT y serán publicadas en los próximos días.

Durante estos espacios se destacaron los principales cambios, como la eliminación de la incapacitación y la patria potestad prorrogada en favor de otras medidas de apoyo o el protagonismo de las personas con discapacidad a la hora de decidir quién y cómo les va a apoyar, entre otros.

También se puso el foco en los innumerables retos, el primero, “que exista una apuesta firme por este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad por parte de todas las personas implicadas, pero también de la sociedad en general, para que no ponga trabas a esta apuesta por la inclusión y, sobre todo, por la creencia en la capacidad de las personas con discapacidad de decidir con apoyos”, explican desde la AEFT.

El segundo de los retos o reivindicaciones, según Ignacio Recondo, presidente de la AEFT es “que no se intercambie la tutela por otra medida semejante (la curatela representativa), sino que se aproveche para revisar cada situación y se generen tantos trajes a medida como sean necesarios”, explicó, para continuar diciendo que “el verdadero reto para que se pueda aplicar la norma, es que cada Comunidad Autónoma recoja y garantice la prestación de apoyos para la toma de decisiones en el ámbito jurídico”, aseveró, pues actualmente no todas las Comunidades garantizan el apoyo a la toma de decisiones en sus carteras de Servicios Sociales al no tener prevista dotación presupuestaria para las entidades que, como las Fundaciones Tutelares, proveen los apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que no cuentan con una red de apoyo natural.

Lista de reproducción de los 3 seminarios:

 

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