- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) solicita que se tramite el ingreso mínimo vital como proyecto de ley y se tenga en cuenta las diferentes realidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sin discriminación hacia aquellas que están apoyadas por Fundaciones Tutelares
Tras las declaraciones de este lunes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en relación con la posibilidad de revisar el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, la AEFT agradece su postura y la toma en consideración de las reivindicaciones que la organización hizo públicas este viernes, junto con Plena inclusión, y que denunciaban que el ingreso mínimo vital puede excluir a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación.
Asimismo, la organización, que representa a más de 3.500 personas con discapacidad intelectual con la capacidad modificada jurídicamente y a las Fundaciones Tutelares que les prestan apoyo, se suma a las reivindicaciones del CERMI en relación con la necesidad de tramitar el ingreso mínimo vital como proyecto de ley ordinario, para que pueda ser objeto de enmiendas y, por tanto, proponer cambios que tengan en cuenta las diferentes realidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En este sentido, la AEFT considera que uno de los cambios prioritarios debe ser la eliminación de la diferencia de trato entre personas con la capacidad modificada jurídicamente y las demás personas, para que todas ellas puedan ser titulares de la prestación. Esta reivindicación está en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el anteproyecto de reforma del Código Civil en materia de discapacidad, sobre el que instan a que se apruebe con celeridad para eliminar las discriminaciones que siguen existiendo en la legislación española, así como para que se superen las situaciones de inseguridad jurídica que se siguen dando para el colectivo apoyado, al convivir leyes en materia de discapacidad y tutela claramente contradictorias.
Por último, la AEFT sigue aplaudiendo la promulgación de una regulación que pretende eliminar las diferencias socioeconómicas persistentes en España y agravadas por la crisis del COVID-19, y le tiende la mano al Gobierno para que esta no deje atrás a un colectivo históricamente invisibilizado, como es el de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares y la AEFT.
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