Home > Accesibilidad cognitiva > Hablamos fácil: de la accesibilidad cognitiva a la solicitud de revisión de sentencias

Realización de una dinámica de Hablamos Fácil en la Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion

  • Dos mujeres con discapacidad cuentan cómo, gracias a la lectura fácil y el conocimiento de sus derechos, iniciaron su proceso de revisión de sentencias de incapacitación

Los datos son preocupantes. Los datos no cuadran. Los datos han provocado que la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) se embarque en un proyecto que, lejos de ser revolucionario, solo pretende acercar la justicia a las personas con discapacidad intelectual y devolverles lo que por derecho es suyo, sus sentencias de incapacitación comprensibles, estudiadas y, algunas de ellas de vuelta en los juzgados para ser revisadas.

Volvemos a los datos, según el último Estudio sobre la situación de la tutela en España, un 84% de las personas apoyadas por las entidades de la red de la AEFT cuentan con una incapacitación total o tutela, en cambio, solo un 28% tiene una necesidad de apoyo generalizado. Parece que algo no encaja y así se ha constatado. Para dar respuesta a esta situación se creó Hablamos Fácil, un proyecto piloto en el que varias personas con discapacidad y profesionales pusieron a prueba una metodología de trabajo innovadora. Innovadora porque incluye a las personas con discapacidad en el proceso de adaptación de sus sentencias y ya no solo en la validación en lectura fácil, como es lo habitual. Innovadora, también, porque a través del estudio de los derechos y su confrontación con lo que dicen sus sentencias, son ellas mismas las que deciden si su situación es justa o injusta y, sobre todo, si sus sentencias se adaptan a sus necesidades reales de apoyo o no. Pero lejos de explicar la metodología, que para eso ya habrá tiempo, preguntamos a algunas de las protagonistas del proyecto sobre su experiencia.

En tiempos de pandemia y para salvar las distancias, abrimos el ordenador, hacemos clic en el enlace de videollamada y al otro lado nos encontramos con Marina, Margui y Ascen; de Som-fundació (Catalunya) las primeras y de Fundación Tutelar Futuro (Granada) la segunda. Nos cuentan que participar en el proyecto les ha dado la oportunidad de aprender cosas nuevas, pero, sobre todo, de “poder entender su situación legal y poder planificar y decidir mejor lo que quieren, porque a muchas personas ni se les tuvo en cuenta durante el proceso de incapacitación”, explica Margui, profesional de la entidad catalana.

Y es que como la propia Marina explica, “a mí no me vio nadie. Yo vengo de tutela de menores y entre el centro, los educadores y el juez decidieron que estaba incapacitada total. Es injusto que decidan sobre mí sin conocerme, me gustaría que escucharan mi opinión”, cuenta. Pero el suyo no es un caso aislado. “Cuando entendí lo que ponía mi sentencia me enfadé, el abogado tendría que haber hablado conmigo. Me tendría que haber visto una médica y el juez como para juzgarme, no hacerla así, por su cuenta. Me trataron como si no existiera y eso no puede ser, aunque tenga discapacidad intelectual”, relata Ascen.

Además de reivindicar que su proceso fue injusto por no haber contado con ellas, tanto Marina como Ascen se mostraron en completo desacuerdo con lo que decían sus sentencias, “mi sentencia dice que tengo retraso mental, me quitaron el derecho a votar y dijeron que no me puedo valer por mí misma en nada. No me pareció bien, no es verdad. Primero, que podrían haber dicho otra cosa, y no que soy retrasada, además tengo capacidad para hacer muchas cosas, voy a empezar a trabajar en una tienda de mi centro y estoy trabajando para vivir de forma independiente”, indica Marina, mientras que Ascen explica que “mi sentencia dice cosas que no son verdad, yo salgo sola, sé manejar dinero y ahora quiero vivir independiente”.

Tras conocer sus derechos y entender sus sentencias ambas iniciaron los trámites para que las revisen, “con el proyecto puse en una hoja lo que estaba bien hecho y lo que estaba mal hecho en mi sentencia, pidiendo que se cambiara a una curatela. Se lo pasamos al patronato y me están apoyando para que se haga el cambio. Ahora estamos haciendo papeles, preparando la documentación, el informe psicológico y más cosas, y se lo hemos pasado a Torcuato, el abogado de la Fundación”, cuenta Ascen.

Después de un proyecto largo, en el que muchas personas se dieron de bruces con una realidad que desconocían, todas coinciden en que “está bien y es bueno para las Fundaciones y las personas, porque a mucha gente le servirá de ayuda entender su sentencia y, si no está bien, poder pedir aquello que realmente necesitan”, explica Marina, quien asegura que “si no hubiera estado en el proyecto ni se me hubiera pasado por la cabeza revisar mi sentencia”.

Por su parte, Margui cree que “Hablamos Fácil puede beneficiar mucho a las Fundaciones, para que cambiemos el chip, para entender mejor a las propias personas y ser realmente las impulsoras del cambio. Queremos ir más allá, y vamos a replicar el proyecto haciendo que cada equipo profesional revise al menos una al año en nuestra Fundación”, asegura.

Los datos son preocupantes. Los datos no cuadran. Pero los datos pueden cambiarse. Damos al botón rojo de finalizar llamada y cerramos el ordenador.

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