- El CERMI publica el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2016, en el que se examina la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, con arreglo al marco de exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, vigente en España desde el año 2008.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, acaba de publicar el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad España 2016, en él se evidencia cómo, después de 10 años de aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 8 de su ratificación por España, en este país todavía se siguen vulnerando derechos recogidos en el texto internacional, como el derecho de sufragio, la accesibilidad universal o los apoyos adecuados para la vida independiente y la inclusión, entre otros.
En relación al artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, el CERMI alerta de que «España sigue desoyendo las recomendaciones del Comité de regular los sistemas de apoyo a la toma de decisiones». Estas recomendaciones se basan en la revisión de los articulados que regulan la guarda y la tutela para la adopción de medidas que garanticen el apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad, respetando «la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona», exponen.
Sobre el acceso a la justicia, artículo 13 de la Convención, que debe garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, el informe subraya la necesidad de realizar ajustes «en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares». Además, acentúa la propuesta de eliminación de la restricción de la Ley de Jurado «por ser discriminatoria con las personas con discapacidad que por impedimentos físicos o sensoriales no podían formar parte de estos jurados», proposición aprobada por el Pleno del Senado en diciembre del año pasado.
Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) refuerzan la necesidad de garantizar los artículos 12 y 13 de la Convención y para ello reivindican, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la capacidad jurídica modificada, el requisito de creación, en relación a los apoyos, de tantos «trajes a medida” como sean necesarios para facilitar su participación y la accesibilidad en los procedimientos judiciales, entre los que se encuentra el proceso de modificación de la capacidad jurídica. Asimismo, se refuerza la necesidad de que la información sea accesible, que se tenga en cuenta la opinión de las personas con discapacidad durante el proceso, así como mayor cercanía en el mismo y que las sentencias se ajusten a cada una de las realidades, entre otras cuestiones.
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