Home > Código Civil > De la protección a los apoyos: un paso más cerca de la conquista de derechos para las personas con discapacidad intelectual

Fotografía: Exposición AEFT “Decidir por derecho”. Adrián Martínez Cedrón.

El martes 7 de julio podrá suponer un antes y un después para las personas con discapacidad intelectual y el movimiento asociativo al que pertenecen. Pues esa es la fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que, en caso de tramitarse en las Cortes Generales, modificará la legislación civil y procesal española en materia de discapacidad y tutela.

Este paso supone, a ojos de la AEFT, un avance en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce, entre otras cuestiones, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, es decir la no sustitución de estas en el ejercicio de sus derechos.

Si bien dicha Convención sería de aplicación directa en España, al haber sido ratificada hace ya más de 10 años, durante este tiempo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se enfrentaban, como denunciaba la AEFT en reiteradas ocasiones, a una clara situación de inseguridad jurídica, pues convivían en España dos textos que hablaban de lo mismo pero en términos totalmente opuestos. Con su aprobación se promueven cambios como la eliminación de la tutela para las personas mayores de edad así como la patria potestad prorrogada, en favor de una curatela u otras figuras jurídicas graduadas en función de la necesidad de apoyos de cada persona, eliminando, por fin, la consideración de las personas con discapacidad intelectual como “menores de edad permanentes”, como denunciaba Torcuato Recover, asesor jurídico de la AEFT y coordinador del Grupo de Trabajo de la Convención de la misma organización. Asimismo, Recover incide en que “esta reforma va a suponer un cambio radical sobre un planteamiento obsoleto, en favor de un modelo que sitúa a la persona con discapacidad en el centro de su vida, como protagonista de sus proyectos en lugar de ser un sujeto pasivo y representado”.

Desde la AEFT piden que se preste atención sobre este punto, puesto que “es importante garantizar que la curatela representativa, una figura muy semejante a la actual tutela, es una excepción y no la regla. El cambio legislativo que hemos alentado desde el movimiento asociativo pretende dejar atrás el paradigma de la protección y del mejor interés de las personas con discapacidad en beneficio del respeto a su voluntad y preferencias y debemos creer en este cambio”, acentúa Alana Cavalcante, asesora jurídica de la misma organización.

El texto de propuesta de reforma, que cuenta con las aportaciones de entidades como el CERMI, Plena inclusión y la AEFT, supondrá “un logro para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que, al igual que las que apoyamos desde la red de entidades de la AEFT, tienen la capacidad modificada jurídicamente. Ahora, independientemente de que entidades como las que forman la AEFT ya trabajen de esta manera, las propias personas con discapacidad tendrán la garantía legal de contar con los apoyos necesarios para desarrollar sus planes de vida, es decir, España incluirá en su Código Civil algo que venimos reivindicando desde hace muchos años, el derecho a contar con los apoyos necesarios para tomar sus propias decisiones”, explica Irene Yepes, directora de la AEFT.

El texto de reforma del Código Civil propone otros cambios muy significativos y que la AEFT ha reivindicado incansablemente, no solo a través del reclamo, sobre todo con el ejemplo, “además de crear un modelo de trabajo que apostó por el protagonismo de las personas con discapacidad frente al paternalismo, hace 25 años creamos una organización que exigía que aquellas entidades que la conformasen no podían ser juez y parte en la vida de las personas, haciendo del apoyo a la toma decisiones algo totalmente independiente a la prestación de servicios residenciales o de otro tipo, y evitando, de esta forma, cualquier conflicto de intereses”, recuerda Luis Perales, presidente de la AEFT, en relación al epígrafe del anteproyecto que establece que “no podrán ejercer ninguna de las instituciones jurídicas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo”.

Asimismo, el presidente de la organización estatal incide en la necesidad de que el modelo de previsión de apoyos que se ponga en práctica cuente con todas las realidades y, en este sentido “tenga en cuenta a aquellas personas que necesitan menos apoyos, pero también garantice la toma de decisiones de quienes precisan apoyos extensos, generando trajes a medida para cada persona, tal y como defendemos desde la red de Fundaciones que conforman la Asociación”, aseveró.

Desde la organización consideran que este solo es el inicio y que “habrá que formarse y generar mecanismos para garantizar que la ley se aplica y la Convención y los derechos de las personas con discapacidad se respetan”. Pero en el momento que la reforma se apruebe “todas las personas con discapacidad, por fin, tendrán derecho a decidir por ellas mismas”, aplaude Alfredo Chaparro, una persona con discapacidad intelectual, apoyada por la Fundación Tutelar TAU y miembro de la red de portavoces de la AEFT que concluye explicando que “es importante contar con apoyos para tomar decisiones, para entender papeles o si lo que decides es bueno. Yo tengo la suerte de tener el apoyo de mi Fundación”.

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