Home > Asociación > El proceso de la modificación de la capacidad desde la óptica de una persona con discapacidad intelectual

Historias para contar – Asociación Española de Fundaciones Tutelares

Antonio Abril, persona tutelada por la Fundación Tutelar Futudís

 

“Nadie me explica nada, yo me quería ir, me sentí fatal porque me hacían preguntas como si fuera un niño pequeño. Me preguntaban que si sabía sumar, restar, dividir, leer o escribir…
No me decían para qué era. Yo solo quería terminar pronto y largarme”.

Antonio tiene 47 años y hace más de 10 se vio “sometido” al proceso de modificación de la capacidad. Un proceso que viene a valorar la capacidad jurídica que tienen las personas y, en caso de ser necesario, a establecer las medidas de apoyo para su complemento.

“La mayoría de las personas que reciben apoyos por parte de nuestra Fundación, pasan por el procedimiento sin conocer para qué y por qué”, Mayte Peña, psicóloga de la Fundación Tutelar Futucam

El sentimiento de incomprensión e incertidumbre narrado hace días por Antonio en la jornada “Discapacidad intelectual y accesibilidad a la justicia” –organizada por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares– no es un caso aislado ni único. Son muchas las personas que tienen que enfrentarse al procedimiento de modificación de la capacidad (anteriormente denominado “incapacitación”) sin conocer ni comprender lo que éste supone.

Así, con el fin de que sean los protagonistas de esta situación los que narren su vivencia ante el proceso, la AEFT pidió a varias personas con discapacidad intelectual que contasen desde su punto de vista qué supuso su paso por el procedimiento y qué supone para ellos tener la capacidad jurídica modificada.

“Era una sala grande, distante,  estaban vestidos con toga y situados más arriba que yo. Me sentía muy incómodo. El fiscal se puso a hablar y no le entendía nada, utilizaba un vocabulario raro, empleando artículos y leyes que yo no sabía que significaban. Allí nadie me preguntaba si lo entendía. Dije que me quería ir que no sabía de qué estaban hablando pero me dijeron que permaneciera sentado”, Antonio Abril, persona tutelada por la Fundación Tutelar Futudís.

Haciendo un esfuerzo por recordar, Antonio menciona durante su exposición en la jornada que cuando acabaron los formalismos (entrevista por parte del juez y el forense) quiso olvidarse del asunto y seguir adelante: “Cuando salí de la sala, el abogado me estaba esperando fuera. Me hablaba también de incapacidad pero yo seguía sin saber qué era eso. Decidí olvidarme de todo y seguir mi vida”.

Que Antonio no pudiese contestar a las preguntas de su interlocutor no se debía que él no conociese la respuesta, sino más bien a que nadie le había explicado de manera comprensible por lo que estaba pasando. Este hecho pone de manifiesto que la falta de accesibilidad a la justicia a las personas con dificultades de comprensión es una realidad en nuestra sociedad. La inadecuación del sistema jurídico y la falta de apoyos para que las personas tengan plena conciencia de los procesos por los que pasan es una necesidad patente.

Como consecuencia de este fallo, Antonio –al igual que otras muchas personas– decidió dar de lado la situación, sin comprender el alcance de sus actos. Como si nada hubiese pasado, o al menos así lo prefirió pensar él, Antonio volvió a su residencia en un centro de Valladolid y siguió actuando sin tener en cuenta las consecuencias. Sin comprender que para determinadas situaciones y decisiones precisaba de unos apoyos. Y que, al igual que el resto de los ciudadanos, tenía unos derechos y unas obligaciones.

Me sentía perdido, no sabía cómo arreglarlo, me llegaban cartas de los bancos avisándome de lo que debía y estaba agobiado.

Por aquel entonces –antes de que el juez decidiera que fuera la Fundación Tutelar Futudís la encargada de prestarle los apoyos de la tutela– Antonio tenía problemas económicos. Tras tener un trabajo eventual en un centro especial del empleo y no haber sido renovado su contrato por su inadecuado comportamiento, Antonio se vio en la calle; sin apoyos por parte de su familia y sin saber cómo actuar. 

A día de hoy, seis años después de que la tutela de Antonio fuese otorgada por mandato judicial a la Fundación Tutelar Futudís y ésta comenzase a prestarle los apoyos encomendados –teniendo en cuenta sus deseos e intereses–, la vida de Antonio ha mejorado. Antonio ha logrado conocer y comprender cuál es su situación jurídica; pudiendo definir así lo que entiende él por tener la capacidad modificada. “Es saber en qué necesita ayuda una persona para las cosas del día a día, por ejemplo, ayuda con la organización de mi dinero, decidir bien las cosas, en temas legales para defender mis derechos y obligaciones”, afirma.

Pese a que la situación de Antonio se ha solventado ¿qué sucede con el resto de personas que no cuentan con los mismos apoyos? ¿Por qué si la accesibilidad a la justicia es un derecho no se hace patente en todas las personas? ¿Por qué si estos derechos están reconocidos en el ordenamiento jurídico no se llevan a cabo desde la Administración recursos adaptados para las propias personas?

La jornada sobre “Discapacidad intelectual y accesibilidad a la justicia” organizada por la AEFT en Madrid el pasado 10 de febrero en Madrid, tenía como objetivo reflexionar y debatir la urgencia de promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad intelectual para asegurar su acceso a la información y a justicia.
La AEFT reivindica la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y defiende hacer partícipes a las propias personas en la elección de los apoyos que precisan para ejercer sus derechos como ciudadanos.
La Asociación recientemente ha elaborado el documento “Capacidad jurídica y tutela”, en el que se explica en formato de lectura fácil en qué consiste dicho proceso.
 

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