- Profesionales de la AEFT especializados en el ámbito de la tutela han llevado a cabo un texto reflexivo sobre los puntos claves de la Convención y sus consecuencias en el ejercicio de la tutela de personas con discapacidad intelectual
- El texto, que reconoce la Convención como una oportunidad para el movimiento de la discapacidad, reivindica la adecuación del sistema legislativo español, así como también de los apoyos para el complemento de la capacidad jurídica de las personas
Madrid, 29/05/15.- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), ante las derivaciones de la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español y frente a la realidad de las Fundaciones Tutelares, ha visto necesario realizar una reflexión profunda sobre dicho documento.
Para ello, un grupo de profesionales multidisciplinar pertenecientes a la Asociación ha realizado un documento en el que se habla de manera detallada sobre los aspectos más importantes que afectan a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y a las formas de llevar a cabo el ejercicio de la tutela (artículos 12 y 13 de la Convención).
El texto reflexivo, que reconoce el nuevo marco internacional como una gran oportunidad dentro del movimiento de la discapacidad, reivindica los ajustes legislativos necesarios para el cumplimiento de la Convención en nuestro país. Considerando que el evidente retraso en la reforma legal no debe impedir la aplicación directa de lo dispuesto en ella por todos los agentes que intervienen en la valoración y en la prestación de apoyos para el complemento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual.
En lo que al ejercicio de los apoyos se refiere, la AEFT incide en la indispensable separación entre las entidades que prestan servicios residenciales u otros de naturaleza análoga y las entidades tutelares, para evitar conflictos de intereses.
Otro de los puntos a destacar de esta reflexión, y como consecuencia del nuevo paradigma derivado de la Convención, es la necesidad de revisar los sistemas de financiación y la mayor dotación de la oficina judicial. Todo ello, con el objetivo de mejorar los sistemas de apoyo para el complemento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo apoyos individuales y ajustados.
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