«Me siento marginado como español y como ciudadano», Antonio José Toribio; persona privada del derecho al voto

Entrevista a Antonio José Toribio – Persona tutelada por la Fundación Tutelar TAU, entidad perteneciente a la AEFT

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Tan solo unos días antes de celebrarse las pasadas elecciones autonómicas y municipales, todavía eran muchos los españoles que estaban dubitativos a la hora de decidir si iban o no a ejercer su derecho al voto.
“Qué suerte, al menos ellos pueden decidir”, pensaba entonces Antonio José Toribio, persona tutelada por la Fundación Tutelar TAU, entidad perteneciente a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT).

Antonio tiene 56 años y pertenece a esos 80.000 españoles y españolas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio el pasado 24 de mayo por tener algún tipo de discapacidad. En concreto, Antonio corresponde al 64% de las personas con discapacidad intelectual que reciben apoyos tutelares por parte de las Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT y que no pueden ejercer su derecho por tener la capacidad jurídica modificada.

A diferencia de otros ciudadanos, Antonio –que tuvo que resignarse en las últimas elecciones andaluzas–, sí sabía a quién quería confiar su voto, pero no pudo reflejarlo en las urnas. Sin embargo, su situación no siempre fue así.

Antonio, que durante años fue funcionario y ocupó el cargo de ordenanza en diferentes espacios, como por ejemplo el Conservatorio Superior de Música de Sevilla –puesto al que accedió a través del 5% de las plazas que reservaban en la Administración Pública a personas con discapacidad intelectual–, recuerda con añoranza cuando podía elegir su futuro como cualquier otro ciudadano.

La historia de Antonio cambió hace 4 años (el 26 de abril de 2011) cuando su capacidad jurídica fue modificada y un juez estimó oportuno que debía recibir apoyos por parte de la Fundación TAU.

En su sentencia de tutela aparece expresamente privado el derecho al voto, pero teniendo en cuenta las capacidades y habilidades reales de Antonio, desde la Fundación TAU, a petición del propio Antonio, se estima que la privación de tal derecho es injustificada y está poco motivada. Todo ello, tras haber realizado las valoraciones pertinentes por los profesionales de la institución donde reside: la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana.

La Ley Electoral, Ley Orgánica 5/1985 establece que, en los procedimientos de modificación de la capacidad, el juzgador deberá pronunciarse al respecto en la sentencia emitida. Esto supone que el juez deberá valorar la capacidad expresamente al dictar la sentencia.

Hecho que no justifica –tal y como viene sucediendo hasta el momento–, que en la mayoría de sentencias de modificación de la capacidad se establezca de forma automática la privación del derecho de voto de la persona a la que se refiere; sin determinarse motivadamente las razones, ni diferenciando los derechos de sufragio activo y pasivo en las mismas.

Así, en mitad de un proceso de revisión de su sentencia, y con el apoyo de la Fundación Tutelar TAU y la residencia de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana, Antonio nos relata en la siguiente entrevista cuál es su situación actual y qué motivos le han llevado a iniciar la recuperación de su derecho al voto.

Pregunta: Antonio, en tu sentencia de modificación de la capacidad se te priva del derecho al voto, ¿a qué crees que se debe esta situación?
Respuesta: En primer lugar, quiero apoyar a todas las personas con discapacidad que se esfuerzan por defender sus derechos. Quiero que se defiendan y no se rindan a las barreras que les ponen. Yo soy partidario de defender nuestros derechos y yo tengo derecho a defender lo que pienso, porque para eso hay libertad de expresión en España.

Yo creo que el juez me quiso dar de lado y me marginó por tener discapacidad. Yo creo que aunque tengo discapacidad, puedo ejercer mi derecho a votar.

P.- ¿Cómo te sientes por no poder ejercer este derecho?
R.-  Yo me siento marginado y dado de lado; como español y como ciudadano.

P.- ¿Te gustaría ejercer tu derecho?
R.- Sí, como el resto de españoles y españolas; de ciudadanos y ciudadanas.

P.- Tu capacidad fue modificada para que tú pudieses recibir unos apoyos, ¿crees que la necesidad de recibir tales apoyos guarda relación con tu derecho a poder votar?
R.- No. Yo creo que puedo votar como cualquier otro ciudadano.

P.- Hace 3 meses iniciaste los pasos/trabajos necesarios para que el juez revise tu sentencia y poder recuperar el derecho a votar, ¿te parece complicado este proceso?
R.- Yo creo que sí, porque parece ser que se está alargando y se están tomando demasiado tiempo. Yo podría haber votado hace ya unas cuantas elecciones.

P.- ¿Tú sientes que la justicia te está dejando de lado?
R.- Sí.

P.- Para poder recuperar de nuevo tu derecho al voto, estás recibiendo unos apoyos. Estos apoyos vienen por parte de la Fundación Tutelar TAU y por parte de los profesionales de la residencia donde vives, ¿cómo son?
R.- Ellos están tratando de defender todos mis derechos para que yo pueda ejercerlos. Están dándome muy buen apoyo.

Ellos me preguntan y hacen un informe y lo adjuntan al informe oficial para que se lo podamos presentar al Juez.

P.- Antonio, si tú pudieses hablar directamente con el juez que te privó de tu derecho al voto, ¿qué le dirías?
R.- Le diría que está totalmente equivocado conmigo. Que me ha quitado mi derecho y mi poder a expresarme como yo pienso. Que me ha marginado como español y como ciudadano. Yo tengo claro que entiendo lo que pido.

P.- ¿Qué consejos darías a las personas que se encuentran en la misma situación que tú ?
R.- Que no se desmoralicen, que no se desanimen. Que se vengan arriba y que no pierdan la paciencia con este tema. Y que tarde o más temprano tendrán derecho a votar como cualquier ciudadano más.

Más allá de la privación del derecho al sufragio

El caso de Antonio fue detectado a finales del año 2014 cuando, desde la AEFT, se solicitan una serie de datos a las Fundaciones Tutelares sobre el número de personas tuteladas y curateladas privadas del derecho al voto. A raíz de esa demanda, desde la Fundación TAU se decide estudiar y revisar, una por una, las sentencias de todas las personas que les han sido encomendadas por mandato judicial.

Coincidiendo en fecha, la TAU recibe además la comunicación por parte de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana –entidad que presta el apoyo residencial a Antonio– informando sobre la preocupación y el deseo de esta persona por poder ejercer su derecho.

En 2014, la Fundación Tutelar TAU presta apoyos a 237 personas (211 tutelas y 26 curatelas). Del total de personas tuteladas, un 60% están privadas del derecho al voto en su sentencia de modificación de la capacidad.

Teniendo en cuenta las peticiones realizadas por Antonio, la Fundación TAU  –en coordinación con los profesionales del centro residencial–, deciden iniciar el proceso para recuperar su derecho al sufragio.

El procedimiento, explica Israel Montes, director de la Fundación Tutelar TAU, «es similar al procedimiento de modificación de la capacidad, siendo su objetivo el contrario. En el caso de TAU, el letrado de la Fundación es el profesional encargado de redactar una demanda, adjuntando los informes periciales oportunos. En el caso de Antonio, se elaboraron dos informes: uno pericial social (realizado desde la propia Fundación) y otro pericial psicológico (facilitado en esta ocasión por el psicólogo del centro en el que reside Antonio)».

«Antonio tiene conocimiento pleno de la actualidad y capacidad suficiente para poder ejercer su derecho al voto», asegura José Ignacio Sañudo, psicólogo de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana

Una vez reunidos los informes, se interpone la demanda. Cuando ésta se lleva a trámite, se realiza un reconocimiento por parte del médico forense y otro reconocimiento judicial, donde se valoran las pruebas presentadas y se determina posteriormente si se recupera o no el derecho.

Desde la Fundación Tutelar destacan al respecto que el caso de Antonio no es significativo únicamente por su deseo a la hora de ejercer su derecho al voto, sino porque éste ha sido privado como consecuencia de una sentencia de modificación que no se ajusta a sus necesidades reales.

En concreto, Montes recuerda que «cuando se inició el proceso de modificación de la capacidad jurídica de Antonio, la propuesta de la Fundación a la Fiscalía de Sevilla –teniendo en cuenta las capacidades y habilidades del interesado– no fue de una modificación completa, sino de una curatela o una tutela patrimonial; pero la resolución final fue totalmente contraria».

La reivindicación que se realiza desde TAU, está en línea con las peticiones reiteradas llevadas a cabo desde la AEFT, en las que se solicita que –a la luz de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad– se realice un ajuste real de los apoyos que precisa  cada una de las personas.