Home > Opinión > Las personas con discapacidad intelectual: de la conquista del derecho a voto a la presentación de candidaturas en las elecciones

OPINIÓN

  • En España el número de personas privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ascendió a 98.488. De estas el 53% eran  mujeres y un 47% varones. Con la reforma de la LOREG lo han recuperado
  • La participación política de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las elecciones municipales del 26 de mayo no solo se remitió al ejercicio de su derecho a voto, también participaron como candidatas en las listas de los diferentes partidos

La reforma legislativa de la LOREG supone una gran conquista de derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que, en algunos casos, tenían restringida su participación política en sus sentencias de modificación de la capacidad jurídica.

La situación era de una injusticia de dimensiones colosales, algunas personas, por razón de su discapacidad intelectual no podían participar como ciudadanas de pleno derecho. Históricamente, y salvando las distancias, vivimos una especie de apartheid por razón de discapacidad, contrario a la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero entidades y personas nos echamos a la calle para gritar «Mi voto cuenta» y, finalmente, tras la aprobación unánime por parte del Congreso de los Diputados y la publicación en el BOE de la reforma de la ley electoral, las casi 100.000 que tenían suprimido su derecho a voto lo recuperaron, eso sí, con alguna que otra intentona de retroceso y ‘sálvese quien pueda’, que no pasó desapercibida.

El 28 de abril llegó ese momento histórico, personas que nunca habían podido votar y otras que sí, pero que luego ya no figuraban en los censos, ejercieron su derecho a voto como el resto de la ciudadanía. Momento que se repitió apenas un mes después en el superdomingo electoral del 26 de mayo.

Con la inspiración del ‘Tío Ben’ y su frase «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», las personas con discapacidad intelectual, con el apoyo de las entidades y la campaña #MiVotoCuenta, se informaron y formaron sobre el ejercicio del derecho a voto, muchos partidos adaptaron sus programas a lectura fácil para que fueran comprensibles e, incluso, se volvió a hacer historia consiguiendo una participación mayor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como candidatas en las listas de los diferentes partidos. Si bien, como indican los medios, ninguna de ellas obtuvo escaño, sí participaron en los mítines y en las diferentes actividades de campaña.

Echando la vista atrás, y no muy atrás, nos damos cuenta de que se han dado pasos de gigante, y es que en apenas unos meses España, en lo que a la discapacidad intelectual se refiere, se pudo sacudir, en parte, el olor a naftalina. Pero si bien tenemos mucho que celebrar, también debemos seguir exigiendo. La Convención y quienes la observamos reclamamos su total cumplimiento y la adaptación de normativas estatales para que este sea efectivo.

Este solo ha sido el inicio de un país mucho más inclusivo y responsable, una apertura de puertas para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sigan participando, no solo en campaña y para la foto, en la vida política y pública, y para ello, debemos seguir exigiendo que esto se garantice, se normalice y deje de ser noticia.

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