Home > Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) > La Asociación Española de Fundaciones Tutelares se suma a Plena inclusión en su petición al Gobierno a emprender la reforma legislativa que permita el voto de las personas con discapacidad

Fuente: Plena inclusión

  • Dolors Montserrat se comprometió el pasado martes a impulsar una reforma de la Ley Electoral General (LOREG) que reconozca, con ciertas limitaciones, el derecho al voto de las personas con discapacidad. Plena inclusión recuerda que hay casi 100.000 ciudadanos españoles que no pueden votar, y llevan tres años esperando esta reforma a la que el Gobierno fue instado en 2013 por la Comisión Constitucional del Congreso.
  • Plena inclusión también recuerda que la jurisprudencia del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU considera discriminatoria la evaluación de la capacidad de las personas y ha instado a Hungría a “promulgar una legislación que reconozca el derecho de voto de todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen más necesidad de apoyo”.

En su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales a Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometió el pasado martes a impulsar “una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad, regulando aquellas excepciones a este derecho en aquellos supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona”.

El origen de esta intención de reforma se remonta a octubre de 2013, cuando la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acordó por unanimidad instar al Gobierno a acometer los cambios legislativos pertinentes con el fin de garantizar este derecho fundamental a todos los ciudadanos. No obstante desde entonces y hasta esta nueva declaración política, no ha habido ningún avance en este sentido, por lo que Plena inclusión reclama un nuevo y firme compromiso de todas las fuerzas políticas para que se adecúe con urgencia la actual LOREG a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 29 relativo a la participación en la vida política y pública), ratificada por el Estado Español en 2008.

Por otro lado, Plena inclusión recuerda a Montserrat que “la Jurisprudencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sostiene que cualquier imposibilidad de voto basada en la existencia de una discapacidad, por parte del Gobierno, supondría una clara discriminación”, tal y como ha afirmado la asesora jurídica de nuestra organización, Inés de Araoz. En este sentido, las excepciones a este derecho habrán de hacerse de forma neutral con la discapacidad, es decir, que no se basen en una situación de este tipo.

El 64% de las personas que reciben apoyos tutelares por parte de las Fundaciones adheridas a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares tienen el derecho al sufragio restringido por el hecho de tener la capacidad jurídica modificada, sin haber tenido en consideración las capacidades reales de la persona.

En virtud del artículo 12 de la Convención, los Estados partes deben reconocer y proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”, incluida la vida política, que abarca el derecho de voto. El citado Comité considera discriminatoria la evaluación de la capacidad de las personas y señala que no se puede defender la legitimidad de esa medida.

En una situación similar que se ha vivido en Hungría, este organismo insta a su Gobierno a “promulgar legislación que reconozca, sin ninguna “evaluación de la capacidad”, el derecho de voto de todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen más necesidad de apoyo, y que prevea una asistencia adecuada y ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derechos políticos; y defender y garantizar en la práctica el derecho de voto a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, como dispone el artículo 29 de la Convención, asegurando que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, y, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitiendo que una persona de su elección les preste asistencia para votar”.

Por último, cabe tener en cuenta que hay muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que teniendo reconocido este derecho al voto, tampoco pueden ejercerlo en igualdad de condiciones que el resto. En este sentido, en anteriores comicios Plena inclusión ha detectado situaciones de discriminación en algunos Colegios Electorales contra personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que acudían a votar y a las que se les ponían dificultades o se dudaba de su capacidad para hacerlo. Además se detectaron barreras cognitivas que dificultaban su comprensión del proceso de voto en estos Colegios, como la identificación de las papeletas, indicación de los espacios y ubicación de las listas del censo, etc.

 icon-arrow-circle-right Web de la campaña “Mi Voto Cuenta” de Plena inclusión

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