- Según un estudio realizado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), el 64% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que reciben apoyos tutelares por parte de sus entidades están privadas del derecho al voto sin justificación motivada
- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares denuncia mediante un comunicado la vulneración de tal derecho y reivindica que se ajusten las sentencias de modificación de la capacidad a las necesidades reales de cada persona
Madrid, 27/04/15 – La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ha llevado a cabo un estudio sobre la privación del derecho al voto en las personas con discapacidad intelectual a las que presta apoyo a través de sus entidades. Los resultados obtenidos demuestran que, al menos, el 64% de las personas que reciben apoyos tutelares por parte de las Fundaciones Tutelares tienen el derecho al sufragio restringido por el hecho de tener la capacidad jurídica modificada, sin haber tenido en consideración las capacidades reales de la persona.
Dicha situación vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –de obligado cumplimiento para el Estado español– e impide la participación plena y efectiva de este colectivo en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás.
Los datos recogidos en el estudio demuestran que 1.021 personas tuteladas (de un total de 1.842) no podrán votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque así lo impide su sentencia de modificación de la capacidad. Esta privación no está justificada, al haberse realizado de manera automática al dictarse su sentencia.
De igual modo, el estudio evidencia la mala práctica judicial de comunicar al Censo Electoral la baja de la persona en el registro al dictarse su sentencia de modificación de la capacidad, indistintamente de si en ésta aparece o no la privación explícita del derecho al voto.
Estas cifras guardan estrecha relación con los últimos datos publicados por la Junta Electoral Central en donde se refleja que cerca de 80.000 personas en España están privadas del derecho al voto debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que su capacidad ha sido modificada judicialmente.
La AEFT, a través de la publicación del estudio, sustenta con datos la campaña puesta en marcha por FEAPS #MiVotoCuenta, con el objetivo de concienciar a la sociedad y a las personas con discapacidad intelectual de la importancia de ejercer su derecho al voto e incidir directamente en las campañas de los partidos políticos.
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