El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha pedido a España que informe, entre otras cuestiones, sobre «las medidas legislativas y otras para garantizar que todas las personas con discapacidad sin excepciones de ningún tipo tengan derecho a votar en secreto con los ajustes razonables requeridos».
Esta petición forma parte de una lista de 30 cuestiones a las que España debe responder y que constituirán el informe que debe presentar en virtud del artículo 35 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que los Estados presentarán al Comité un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto.
En cuanto a la participación en la vida política y pública, la ONU pide a España que informe «sobre las medidas legislativas y otras para garantizar que todas las personas con discapacidad sin excepciones de ningún tipo tengan derecho a votar en secreto con los ajustes razonables requeridos», así como que detalle «las medidas para garantizar que todas las personas con discapacidad que sean elegidas para desempeñar un cargo público dispongan de toda la asistencia necesaria incluida la asistencia personal».
Asimismo, Naciones Unidas hace especial hincapié en conocer la situación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad, así como las medidas legislativas para proteger a niñas y niños con discapacidad de los malos tratos, promover su adopción o acogida familiar en casos de abandono y para garantizar en la ley la educación inclusiva y de calidad, incluyendo una cláusula explícita que no permita el rechazo de un alumno por causa de su discapacidad e incluyendo las instalaciones y actividades extraescolares.
Sobre accesibilidad, la ONU desea conocer también si se tiene previsto aprobar el II Plan Nacional de Accesibilidad tras el vencimiento del plazo para su aprobación en noviembre 2014, así como las razones de que no se haya aprobado aún, tras años de retraso, de la normativa reguladora de las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en el acceso a los bienes y servicios a disposición del público para la fecha límite del 4 de diciembre de 2017.
Por último, pide a España que detalle los esfuerzos para regular los protocolos y los procedimientos en situaciones de riesgo y emergencia humanitaria asegurar la inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, principalmente discapacidad auditiva, así como las medidas para proteger el derecho a la vida de las personas con discapacidad en igualdad con los demás, incluyendo en las cuestiones relativas al tratamiento médico, especialmente la retirada del tratamiento, de la nutrición o de otros medios de sustentación de la vida sin el consentimiento de la persona concernida.
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