- Con motivo de la celebración del Día de Europa, Plena inclusión recuerda sus “8 propuestas hacia la inclusión” en el marco europeo, y reclama políticas en favor de la inclusión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
- La completa adaptación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una tarea aún pendiente en España, y las medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la crisis económica siguen afectando gravemente al colectivo de personas con discapacidad y sus familiares.
Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, Plena inclusión recuerda a los políticos en el Parlamento Europeo sus “8 propuestas europeas hacia la inclusión”.
Contribuir a la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual es la una de las preocupaciones principales de nuestra organización. Las medidas y propuestas de Plena inclusión para Europa profundizan en algunos aspectos clave de esta inclusión, como la escasa participación y presencia de las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la esfera política y social.
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, como organización que promueve la sensibilización social para fomentar el respeto y la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se suma a las reivindicaciones realizadas por Plena inclusión.
Entendemos la inclusión como la vida en comunidad y no en instituciones segregadas. Más de un millón de personas con discapacidad, niños y adultos, vive en Europa en instituciones aisladas de los centros urbanos, en donde pierden control sobre sus vidas y sus necesidades particulares, tal y como ha recordado recientemente la presidenta de la Plataforma Europea de Autogestores, Senada Halilčević en un discurso ante la ONU (19 de abril de 2016).
Ambas reivindicaciones tienen su origen en la todavía incompleta adaptación en nuestro país de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que incluye, además de los dos puntos anteriores, el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de estas personas.
Las políticas restrictivas de gasto público que afectan al ámbito educativo, sanitario o de servicios sociales siguen teniendo un impacto dramático en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Es preciso que desde España/UE se adopten las recomendaciones del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales relacionadas con la necesidad de que se revisen las duras reformas adoptadas en el contexto de la crisis económica.
Sin comentarios