Home > AEFT > Al igual que el 64% de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares, Antonio no puede votar

Con las elecciones a la vuelta de la esquina se hace imperativo recordar que en España cerca de 80.000 personas tienen privado su derecho de sufragio. Entre estas se encuentra Antonio José Toribio, que desde 2011 recibe apoyos por parte de la Fundación Tutelar TAU, una de las 25 entidades adheridas a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). Con las ideas muy claras sobre a quién votar y por qué, desde la Fundación Tutelar TAU y después de que los profesionales de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana, institución en la que reside, valorasen la situación de Antonio, se estimó que su privación del derecho al voto, que aparece de manera explícita en su sentencia de tutela, estaba injustificada y poco motivada.

Por todo ello, en junio de 2015 y a petición del propio Antonio, se inicia una demanda de reintegración de su capacidad en relación al libre ejercicio del voto. Una odisea que todavía no ha terminado, ya que en febrero de este año la resolución judicial desestimó su petición, «un jarro de agua fría» que impedirá que el 26 de junio acuda a las urnas.

El caso de Antonio no es aislado en las Fundaciones adheridas a la AEFT. Según un estudio publicado por la Asociación en abril de 2015, el 64% de las personas apoyadas por parte de las Fundaciones tiene este derecho restringido. Esto sucede porque al modificar su capacidad jurídica, en muchos casos no se han tenido en cuenta las capacidades reales de cada persona y en otros, pese a que la privación de tal derecho no aparecía de manera explícita en la sentencia, se les ha dado de baja en el Censo Electoral, una clara vulneración del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -participación en la vida política y pública-  .

Ante este escenario y con las Elecciones Generales llamando a la puerta, la AEFT recuerda la necesidad de que las sentencias de modificación de la capacidad jurídica sean un traje a medida, que tenga en cuenta las capacidades reales de cada una de las personas, para que no se vulneren sus derechos.

 

 

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