Home > Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad > Agentes Jurídicos destacan la necesidad de adecuar la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Fuente: FUTUDÍS

“Dicen que las leyes van a cambiar para aplicar la Convención de la ONU y que la nueva legislación va a garantizar que podamos tomar nuestras propias decisiones con apoyos. Pero todo esto va muy lento. Por favor que se haga pronto porque el tiempo se nos pasa”. Con estas palabras de Roberto Gijón, persona con discapacidad intelectual tutelada por la Fundación Tutelar FUTUDÍS, daba comienzo el III Congreso de Protección Jurídica de la Persona con Discapacidad.

Durante tres días magistrados, jueces, fiscales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etc., se han dado cita en el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid para exponer y debatir la necesidad de acelerar las reformas legales para asegurar los derechos recogidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada por la ONU en 2006 y ratificada por España en el año 2008.

Ponentes internacionales provenientes de Italia, Francia y Suiza han explicado como su ordenamiento jurídico ya se ha adecuado a la Convención e incluso se han sustituido los vocablos “incapaz” o “persona con incapacidad” por el término “persona bajo protección jurídica”.

Entender el contexto de la discapacidad es clave para garantizar que no se lesionan los derechos fundamentales de las personas que la padecen

Otra de las principales conclusiones que se ha extraído de este III Congreso, organizado por la Fundación Tutelar FUTUDÍS, es la necesidad de la aplicación de un sistema de apoyos ajustados a las necesidades de cada persona, en cada situación y en cada momento. Tal y como expresó Encarnación Roca, Magistrada del Tribunal Constitucional, en la Conferencia Inaugural del Congreso: “entender el contexto de la discapacidad es clave para garantizar que no se lesionan los derechos fundamentales de las personas que la padecen. Por eso la doctrina jurídica habla de analizar caso por caso”.

En esta línea tanto los operadores jurídicos, como profesionales de las entidades especializadas y agentes implicados en las medidas de protección de las personas con discapacidad, han destacado la necesidad de la asistencia de las fundaciones tutelares para solucionar las situaciones de desamparo y desprotección.

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