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AEFT recibe una ayuda de 7.000 € por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la sensibilización y defensa de los derechos de las personas con discapacidad

  • El proyecto “Derecho a poder decidir con apoyos” de la AEFT ha sido seleccionado como uno de los proyectos subvencionados para la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos correspondiente a la convocatoria de 15 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
  • Mediante la ayuda recibida, la AEFT realizará varias acciones que tendrán como objetivo la sensibilización y difusión de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo al amparo de lo previsto en la Convención

Madrid, 29/07/15.- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) recibe una ayuda de 7.000 € por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para llevar a cabo el proyecto “Derecho a poder decidir con apoyos”.

En concreto, la iniciativa que desarrollará la AEFT a lo largo del 2016 tiene como finalidad contribuir a la divulgación, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para eliminar las barreras que impiden a este colectivo ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás.

De manera especial, el proyecto profundizará en el artículo 12 (Igual reconocimiento como persona ante la ley) y en el artículo 13 (Acceso ante la justicia) de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Todo ello con el objeto de sensibilizar sobre la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad y su derecho a contar con los apoyos necesarios para su ejercicio y para la toma de decisiones.

Cabe recordar que la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en el marco de la ONU. Pese a que en España fue ratificada en el 2008, en la actualidad su aplicación real sigue sin ser efectiva en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque se han hecho importantes avances para atender la situación y las necesidades de las personas con discapacidad, siguen siendo necesarias iniciativas de sensibilización que generen un cambio real de paradigma, además de las reformas legislativas necesarias.

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